En el siguiente link están los videos sobre anorexia para esa area de la investigación. Son producciones periodisticas de distintos niveles, algunos documentales y otros presentaciones en programas de noticias.
http://rapidshare.com/files/151417617/Anorexia.rar
lunes, 17 de noviembre de 2008
Muertes violentas entre los jóvenes
El aumento del número de jóvenes que mueren por causas violentas es un fenómeno en ascenso que requiere una atención especial. Entre sus orígenes se encuentra la crisis de los lazos sociales y sus consecuencias para el futuro son inquietantes.
Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Salud, entre 1980 y 1998 se registró un crecimiento del orden del 25% de las muertes violentas entre los jóvenes de entre 15 y 24 años. En dicho lapso disminuyeron las muertes de todos los otros grupos de edad o, como ocurrió con el segmento de entre 25 y 29 años, aumentó de forma más leve.
La mortalidad violenta se refiere a homicidios, accidentes, muertes dudosas con violencia y suicidios. En el caso de los jóvenes, la violencia parece encarnada no sólo en homicidios y utilización de armas de fuego sino también en el uso imprudente de motocicletas y automóviles.
La corrosión de la ligadura familiar suele tener como derivación la creación de formas de relación más violentas entre los jóvenes. Además, la escuela también padece una grave crisis que dificulta el cumplimiento de una función socializadora, cimentada en la integración de los jóvenes en base a normas y patrones compartidos por el grueso de la sociedad. El valor de la educación se ha visto en estos últimos años depreciado por no alcanzar a ser suficientemente útil para lograr una inserción laboral y productiva.
Justamente, los especialistas señalan que una de las principales razones de este aumento de la muerte violenta en los jóvenes se podría hallar en el horror que despierta en ese segmento poblacional la falta de empleo. En nuestro país, los jóvenes son los más afectados por la desocupación, con un 29% de desocupados, vale decir, un 15% más que el promedio general.
Escépticos ante la utilidad de la educación que reciben, percibiendo el futuro con absoluta incertidumbre y abandonados por la mayoría de las redes de contención social, muchos jóvenes viven el presente con cierta desesperación. No es de extrañar, entonces, que los datos de 1998, el último año del cual se tienen cifras, den cuenta de que sobre casi cuatro mil muertes violentas entre los jóvenes, el 21,6% respondió a lesiones y muertes dudosas, el 13,9% fueran causadas por homicidios y el 11,7% por suicidios.
Estas estadísticas están señalando la presencia de una tendencia autodestructiva en nuestra sociedad, que tiene epicentro en los jóvenes, es decir, en las bases mismas del futuro social.
Editorial del Clarin del 15/06/2000
Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Salud, entre 1980 y 1998 se registró un crecimiento del orden del 25% de las muertes violentas entre los jóvenes de entre 15 y 24 años. En dicho lapso disminuyeron las muertes de todos los otros grupos de edad o, como ocurrió con el segmento de entre 25 y 29 años, aumentó de forma más leve.
La mortalidad violenta se refiere a homicidios, accidentes, muertes dudosas con violencia y suicidios. En el caso de los jóvenes, la violencia parece encarnada no sólo en homicidios y utilización de armas de fuego sino también en el uso imprudente de motocicletas y automóviles.
La corrosión de la ligadura familiar suele tener como derivación la creación de formas de relación más violentas entre los jóvenes. Además, la escuela también padece una grave crisis que dificulta el cumplimiento de una función socializadora, cimentada en la integración de los jóvenes en base a normas y patrones compartidos por el grueso de la sociedad. El valor de la educación se ha visto en estos últimos años depreciado por no alcanzar a ser suficientemente útil para lograr una inserción laboral y productiva.
Justamente, los especialistas señalan que una de las principales razones de este aumento de la muerte violenta en los jóvenes se podría hallar en el horror que despierta en ese segmento poblacional la falta de empleo. En nuestro país, los jóvenes son los más afectados por la desocupación, con un 29% de desocupados, vale decir, un 15% más que el promedio general.
Escépticos ante la utilidad de la educación que reciben, percibiendo el futuro con absoluta incertidumbre y abandonados por la mayoría de las redes de contención social, muchos jóvenes viven el presente con cierta desesperación. No es de extrañar, entonces, que los datos de 1998, el último año del cual se tienen cifras, den cuenta de que sobre casi cuatro mil muertes violentas entre los jóvenes, el 21,6% respondió a lesiones y muertes dudosas, el 13,9% fueran causadas por homicidios y el 11,7% por suicidios.
Estas estadísticas están señalando la presencia de una tendencia autodestructiva en nuestra sociedad, que tiene epicentro en los jóvenes, es decir, en las bases mismas del futuro social.
Editorial del Clarin del 15/06/2000
Radiografía del Encierro Adolescente
UNO DE CADA CUATRO CHICOS EN CONFLICTO CON LA LEY ESTA PRIVADO DE LA LIBERTAD
Hay 6300 adolescentes en el sistema penal; el 40 por ciento con causas por delitos leves. La cuarta parte está en regímenes cerrados, donde reciben clases apenas entre 2 y 5 horas por día. Así lo revela un informe de Unicef, el Gobierno y la Untref.
Por Mariana Carbajal
En el país unos 6300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley penal están cumpliendo algún tipo de medida punitiva ordenada por un juez. Uno de cada cuatro permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con rango constitucional, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, y sólo debe aplicarse en casos extremos. Sesenta y siete de los detenidos llevan presos más de dos años. De los datos disponibles, se sabe que casi el 40 por ciento está encerrado por delitos que no se consideran graves, como robos sin armas. La información surge de un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal, que realizaron en forma conjunta el Gobierno, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Mientras están encerrados, la oferta educativa que reciben los chicos menores de 18 años es muy pobre: apenas entre 2 a 5 horas diarias de clases, según el lugar. La mitad de los establecimientos no les da la posibilidad de realizar deportes y casi un 60 por ciento no les propone actividades lúdicas en el marco de un programa de rehabilitación ni de formación laboral.
“En algunas provincias la respuesta es el encierro o nada. También son encerrados chicos en situación de calle, aunque estar en la calle no es un delito. Es una grave vulneración de derechos”, alertó el subsecretario nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, al dar a conocer los detalles del informe junto al director adjunto de Unicef Argentina, Ennio Cufino, a un grupo reducido de medios, entre ellos PáginaI12.
“Se debe ver a los adolescentes como adolescentes y no como infractores. Hay una fuerte decisión del Gobierno para realizar esa transformación”, subrayó Paola Vessvessian, secretaria del área, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer por la tarde, la ministra Alicia Kirchner presentó oficialmente el estudio en la Jefatura de Gabinete: “El Gobierno definió como prioridad mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, basado en la promoción de sus derechos”, dijo. “Este trabajo es una interpelación sobre la realidad de los menores en lo cuantitativo y lo cualitativo, absolutamente serio y participativo”, explicó y advirtió que “estábamos acostumbrados a políticas sociales homogéneas, originadas en conceptos abstractos, de escritorio, destinadas a tranquilizar conciencias e intelectos de quienes tienen mucho más de entrenamiento en el discurso que en revertir una realidad social afectada por décadas de crisis y abandonos”.
Lerner reclamó al Congreso la reforma del actual Régimen Penal de la Minoridad, vigente por un decreto de la última dictadura militar. “Resulta imprescindible modificarlo” y “avanzar hacia un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional”, opinó. Además, agregó Lerner, se deben adecuar las legislaciones procesales y la organización de la Justicia en cada provincia, y reformular en todas las jurisdicciones las políticas y dispositivos gubernamentales de trabajo con los adolescentes infractores.
El estudio es una fotografía del sistema penal juvenil del segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Pero los datos no fueron de-sagregados por provincias.
Sus principales conclusiones son las siguientes:
- Se revelaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito.
- Hay 1529 adolescentes privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controla.
- Unos 270 permanecen internados en establecimientos con régimen semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.
- El resto de los adolescentes, unos 4495 presuntos infractores (71 por ciento del total) están bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero la mayoría de esos programas “no están especializados” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, señaló Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef. Sólo se encontraron en nueve provincias programas similares a la modalidad de libertad asistida, una alternativa al encierro sugerida desde el organismo internacional y contemplada en varios de los proyectos legislativos de responsabilidad penal juvenil presentados en el Congreso (ver aparte).
- Las mujeres representan el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.
Pinto destacó como “un avance importante” que la privación de la libertad de adolescentes sospechados o imputados de un delito no sea la respuesta mayoritaria que den los jueces. Pero advirtió que el “régimen cerrado” concentra todavía al 85 por ciento de los que están institucionalizados.
Un relevamiento anterior de Unicef, que se hizo en 2005 –y se publicó en 2006–, mostró que en aquel momento había unos 2377 chicos privados de libertad por causas penales. Las cifras no serían comparables, se explicó, por las distintas metodologías de recolección de datos aplicadas. Sin embargo, y aunque en el nuevo estudio podría haber un subregistro de un 20 por ciento, se estima que la cantidad de chicos presos habría disminuido en los últimos años por diversos motivos; uno de ellos, la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de la Infancia, en 2005, a partir de la cual se empezaron a desarrollar programas alternativos al encierro. En la ciudad de Buenos Aires, donde los cinco institutos de menores dependen de la Nación, la tasa de encierro se redujo casi un 50 por ciento, entre 2003 y la actualidad, según indicó Gustavo Piantino, director nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal: de entre 550 y 500 se bajó a entre 230, 250, de los cuales unas 21 son chicas. “Esta reducción tuvo que ver con el cambio de criterio de los jueces y con la oferta de medidas alternativas desde Nación”, señaló el funcionario. Entre estas últimas, enumeró un programa de libertad asistida, en el marco del cual técnicos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia periódicamente visitan al joven en su ámbito familiar y elaboran un informe que elevan al juez, y otro programa llamado “A la salida”, que obliga a los adolescentes a participar dos veces por semana de alguna actividad colectiva como un taller de formación en algún oficio o alguna actividad deportiva. En la primera modalidad, actualmente hay unos 300 adolescentes y en la segunda, cerca de 90.
“SÓLO LOS PIBES POBRES ESTÁN RECLUIDOS”
Por Mariana Carbajal
El Ejecutivo reclama la sanción de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Al ser consultado por PáginaI12, el subsecretario de Derechos de la Infancia, Gabriel Lerner, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, aclaró que el Gobierno no elaboró ni enviará ningún proyecto al Congreso. En junio, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dispuso, a través de una resolución, la creación de una comisión para estudiar una reforma legal en ese sentido. Pero hasta ahora no designó a sus integrantes. Mientras tanto, en ambas cámaras del Congreso hay diversos proyectos de ley de responsabilidad penal juvenil. Pero todavía no se avanzó en su tratamiento. “Prácticamente todos los bloques tienen uno y casi todos son coincidentes. Yo suscribiría al 98 por ciento de ellos”, señaló a PáginaI12 el diputado Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, autor de una de las primeras iniciativas que se presentaron en la Cámara baja, ex asesor de Unicef y profesor de criminología en distintos posgrados universitarios.
–¿Si hay tantos proyectos por qué no se avanzó aún en el tratamiento del tema? –le preguntó PáginaI12.
–Desde 2005 a hoy no se ha aprobado ningún proyecto que no tenga el guiño del oficialismo –respondió.
–¿Cómo es el régimen vigente?
–Según el decreto 22.278, de la última dictadura militar, los menores de 16 años son imputables y no punibles. Cuando la policía imputa un delito a un menor de 16 queda a disposición de un juez, que cierra el expediente penal y abre un expediente tutelar. En base al artículo 1º de ese decreto, el juez puede disponer de ellos para hacerles estudios y mantenerlos para ello encerrados en institutos. Entre los 16 y los 18 años, el juez ordena un tratamiento tutelar: si da resultado el chico se entrega a los padres o responsables. Puede durar media hora o cuatro meses. Estoy seguro de que entre los más de 6000 adolescentes institucionalizados ninguno es de clase media. Sólo los pibes pobres están recluidos. Si ese tratamiento no da resultado, a los 18 años lo juzgan por los delitos que cometió siendo menor de 18 años y mayor de 16.
–¿Cuáles son los ejes principales de su proyecto?
–Hoy la imputabilidad es a partir de los 16 años. Yo propongo que se suba a los 18 y que entre los 14 y los 18 años haya un régimen de responsabilidad penal juvenil. La privación de libertad está prevista solo para los delitos graves como acceso carnal violento, secuestro extorsivo, robo con violencia u homicidio doloso, por ejemplo. En esos casos, el proyecto establece penas de 3 años para los chicos de 14 a 15 años y de un máximo de 5 años para los que tienen entre 16 y 17 años. Para el 85 por ciento de los delitos que cometen los menores, que son vandalismo, robo, hurto, destrucción de la propiedad pública, propongo que presten servicios a la comunidad. Es decir, ni pasarles la mano por la cabeza ni privarlos de la libertad.
Desde la Fundación Sur y en forma conjunta con una serie de organizaciones, entre ellas el CELS, García Méndez presentó un hábeas corpus colectivo por alrededor de 45 chicos que estaban encerrados en el Instituto San Martín, que depende de la Nación, y que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Casación hizo lugar al pedido. “Pero la muy progresista Corte Suprema suspendió la ejecución del fallo sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Fundación Sur pidió una audiencia pública y fue concedida para el 10 de septiembre pero un día antes fue cancelada sin explicaciones”, señaló García Méndez.
Edades y detenciones
- Del total de 1799 adolescentes varones y mujeres encerrados en distintos establecimientos del país, 1260 tienen 16 años o más; 298, 15 o menos y de 211 no se pudieron obtener datos. De acuerdo con la legislación vigente, los chicos cuya edad al momento de cometer el hecho delictivo es inferior a 16 años no son punibles. Según informó el subsecretario de Derechos para la Niñez, Gabriel Lerner, en los institutos que dependen de la Nación el chico más pequeño tiene 13 años, pero aclaró que hay provincias que tienen presos de menor edad. “Son casos esporádicos”, apuntó.
- De los 119 institutos de privación de libertad que existen, 39 de ellos (33 por ciento) no son especializados para adolescentes: en esos casos los chicos están encerrados en comisarías o en cárceles de adultos, en contradicción con la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Ley Nacional Protección Integral de la Infancia, sancionada en 2005.
- En cuanto al tiempo de permanencia en institutos, se destaca un 15 por ciento menos de un mes; un 29 por ciento entre uno a 4 meses; un 9 por ciento entre 4 y 6 meses; y otro 15 por ciento entre 7 meses y un año; 10 por ciento, entre uno y dos años; y 4 por ciento, más de dos años. Sobre el 18 por ciento de los adolescentes encerrados no se tienen datos.
Causas de las detenciones
Siete de cada diez adolescentes alojados en institutos de menores ingresaron por causas relacionadas con delitos contra la propiedad. Del total de detenidos, 38 por ciento está imputado o sospechado de delitos contra la propiedad sin armas; 32 por ciento, con armas; 15 por ciento, de homicidio; 4 por ciento, delitos contra la integridad sexual; 5 por ciento por causas vinculadas con estupefacientes; 2 por ciento, por atentado y resistencia a la autoridad y uno por ciento por privación ilegal de la libertad, según el relevamiento de Adolescentes en el Sistema Penal, presentado ayer. Vale aclarar que en el 25 por ciento de los casos (447 situaciones) no se pudo colectar el motivo por el cual estaba encerrado. “El encierro no debería aplicarse en delitos leves, como robo sin armas. El informe nos muestra la necesidad de seguir fortaleciendo la idea de que la privación de la libertad debe ser el último recurso”, indicó Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef Argentina.
Alternativas a la prisión
“Diversas experiencias de América latina han demostrado que, a la par que se aplican medidas no privativas de la libertad y por ende menos restrictivas de derechos a los adolescentes, el índice de reincidencia de los adolescentes es casi nulo”, indicó a PáginaI12 Ennio Cufino, director adjunto de Unicef en Argentina.
Cufino consideró “necesaria” la transformación del sistema penal juvenil vigente para que se les provea a los adolescentes “de la mejor oportunidad” cuando sean sospechados o hayan infringido la ley penal. Cufino valoró los esfuerzos del Gobierno “por mejorar la prestación de servicios y las condiciones de atención” a los adolescentes en conflicto con la ley “porque creemos que se ha podido avanzar en la aplicación de varios estándares de derechos humanos”. Pero planteó la necesidad de “profundizar los avances logrados”. “Sobre todo, se torna fundamental fortalecer los programas alternativos de atención a adolescentes infractores o presuntos infractores”, opinó.
La escasa oferta educativa
“La oferta educativa es baja”, señaló Gimol Pinto, de Unicef, sobre la posibilidad de continuar los estudios que tienen los adolescentes encerrados en institutos. El relevamiento encontró que la cantidad de horas diarias de clases varía de 2 a 5, según los establecimientos. Seis de cada diez institutos no ofrece actividades vinculadas con la formación laboral y casi la mitad, tampoco talleres relacionados con la educación artística.
Las actividades de recreación como deportes y juegos se ofrecen en un 53 por ciento y un 36 por ciento de los institutos visitados para el relevamiento. En un 20 por ciento de los establecimientos no se ofrece atención básica de salud.
Nota publicada en la edición del Miércoles 8 de Octubre del diario Página 12
Hay 6300 adolescentes en el sistema penal; el 40 por ciento con causas por delitos leves. La cuarta parte está en regímenes cerrados, donde reciben clases apenas entre 2 y 5 horas por día. Así lo revela un informe de Unicef, el Gobierno y la Untref.
Por Mariana Carbajal
En el país unos 6300 adolescentes sospechados o imputados de haber infringido la ley penal están cumpliendo algún tipo de medida punitiva ordenada por un juez. Uno de cada cuatro permanece alojado en institutos con regímenes cerrados, a pesar de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con rango constitucional, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, y sólo debe aplicarse en casos extremos. Sesenta y siete de los detenidos llevan presos más de dos años. De los datos disponibles, se sabe que casi el 40 por ciento está encerrado por delitos que no se consideran graves, como robos sin armas. La información surge de un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal, que realizaron en forma conjunta el Gobierno, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Mientras están encerrados, la oferta educativa que reciben los chicos menores de 18 años es muy pobre: apenas entre 2 a 5 horas diarias de clases, según el lugar. La mitad de los establecimientos no les da la posibilidad de realizar deportes y casi un 60 por ciento no les propone actividades lúdicas en el marco de un programa de rehabilitación ni de formación laboral.
“En algunas provincias la respuesta es el encierro o nada. También son encerrados chicos en situación de calle, aunque estar en la calle no es un delito. Es una grave vulneración de derechos”, alertó el subsecretario nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, al dar a conocer los detalles del informe junto al director adjunto de Unicef Argentina, Ennio Cufino, a un grupo reducido de medios, entre ellos PáginaI12.
“Se debe ver a los adolescentes como adolescentes y no como infractores. Hay una fuerte decisión del Gobierno para realizar esa transformación”, subrayó Paola Vessvessian, secretaria del área, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer por la tarde, la ministra Alicia Kirchner presentó oficialmente el estudio en la Jefatura de Gabinete: “El Gobierno definió como prioridad mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, basado en la promoción de sus derechos”, dijo. “Este trabajo es una interpelación sobre la realidad de los menores en lo cuantitativo y lo cualitativo, absolutamente serio y participativo”, explicó y advirtió que “estábamos acostumbrados a políticas sociales homogéneas, originadas en conceptos abstractos, de escritorio, destinadas a tranquilizar conciencias e intelectos de quienes tienen mucho más de entrenamiento en el discurso que en revertir una realidad social afectada por décadas de crisis y abandonos”.
Lerner reclamó al Congreso la reforma del actual Régimen Penal de la Minoridad, vigente por un decreto de la última dictadura militar. “Resulta imprescindible modificarlo” y “avanzar hacia un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Nacional”, opinó. Además, agregó Lerner, se deben adecuar las legislaciones procesales y la organización de la Justicia en cada provincia, y reformular en todas las jurisdicciones las políticas y dispositivos gubernamentales de trabajo con los adolescentes infractores.
El estudio es una fotografía del sistema penal juvenil del segundo semestre de 2007, cuando se llevó a cabo el relevamiento en todo el país. Pero los datos no fueron de-sagregados por provincias.
Sus principales conclusiones son las siguientes:
- Se revelaron 6299 adolescentes menores de 18 años incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial por estar sospechados o imputados de haber cometido algún delito.
- Hay 1529 adolescentes privados de su libertad en institutos de régimen cerrado, con alambrados o muros y agentes de seguridad que los controla.
- Unos 270 permanecen internados en establecimientos con régimen semicerrado y pueden, en general, salir para ir a la escuela o trabajar solos o supervisados por personal del lugar.
- El resto de los adolescentes, unos 4495 presuntos infractores (71 por ciento del total) están bajo programas no privativos de la libertad, de acompañamiento y supervisión. Pero la mayoría de esos programas “no están especializados” en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, señaló Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef. Sólo se encontraron en nueve provincias programas similares a la modalidad de libertad asistida, una alternativa al encierro sugerida desde el organismo internacional y contemplada en varios de los proyectos legislativos de responsabilidad penal juvenil presentados en el Congreso (ver aparte).
- Las mujeres representan el 8 por ciento del total de adolescentes en distintos establecimientos (cerrados y semicerrados) y el 17 por ciento en programas.
Pinto destacó como “un avance importante” que la privación de la libertad de adolescentes sospechados o imputados de un delito no sea la respuesta mayoritaria que den los jueces. Pero advirtió que el “régimen cerrado” concentra todavía al 85 por ciento de los que están institucionalizados.
Un relevamiento anterior de Unicef, que se hizo en 2005 –y se publicó en 2006–, mostró que en aquel momento había unos 2377 chicos privados de libertad por causas penales. Las cifras no serían comparables, se explicó, por las distintas metodologías de recolección de datos aplicadas. Sin embargo, y aunque en el nuevo estudio podría haber un subregistro de un 20 por ciento, se estima que la cantidad de chicos presos habría disminuido en los últimos años por diversos motivos; uno de ellos, la sanción de la Ley 26.061, de Protección Integral de la Infancia, en 2005, a partir de la cual se empezaron a desarrollar programas alternativos al encierro. En la ciudad de Buenos Aires, donde los cinco institutos de menores dependen de la Nación, la tasa de encierro se redujo casi un 50 por ciento, entre 2003 y la actualidad, según indicó Gustavo Piantino, director nacional para Adolescentes Infractores a la Ley Penal: de entre 550 y 500 se bajó a entre 230, 250, de los cuales unas 21 son chicas. “Esta reducción tuvo que ver con el cambio de criterio de los jueces y con la oferta de medidas alternativas desde Nación”, señaló el funcionario. Entre estas últimas, enumeró un programa de libertad asistida, en el marco del cual técnicos de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia periódicamente visitan al joven en su ámbito familiar y elaboran un informe que elevan al juez, y otro programa llamado “A la salida”, que obliga a los adolescentes a participar dos veces por semana de alguna actividad colectiva como un taller de formación en algún oficio o alguna actividad deportiva. En la primera modalidad, actualmente hay unos 300 adolescentes y en la segunda, cerca de 90.
“SÓLO LOS PIBES POBRES ESTÁN RECLUIDOS”
Por Mariana Carbajal
El Ejecutivo reclama la sanción de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Al ser consultado por PáginaI12, el subsecretario de Derechos de la Infancia, Gabriel Lerner, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, aclaró que el Gobierno no elaboró ni enviará ningún proyecto al Congreso. En junio, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dispuso, a través de una resolución, la creación de una comisión para estudiar una reforma legal en ese sentido. Pero hasta ahora no designó a sus integrantes. Mientras tanto, en ambas cámaras del Congreso hay diversos proyectos de ley de responsabilidad penal juvenil. Pero todavía no se avanzó en su tratamiento. “Prácticamente todos los bloques tienen uno y casi todos son coincidentes. Yo suscribiría al 98 por ciento de ellos”, señaló a PáginaI12 el diputado Emilio García Méndez, de Solidaridad e Igualdad, autor de una de las primeras iniciativas que se presentaron en la Cámara baja, ex asesor de Unicef y profesor de criminología en distintos posgrados universitarios.
–¿Si hay tantos proyectos por qué no se avanzó aún en el tratamiento del tema? –le preguntó PáginaI12.
–Desde 2005 a hoy no se ha aprobado ningún proyecto que no tenga el guiño del oficialismo –respondió.
–¿Cómo es el régimen vigente?
–Según el decreto 22.278, de la última dictadura militar, los menores de 16 años son imputables y no punibles. Cuando la policía imputa un delito a un menor de 16 queda a disposición de un juez, que cierra el expediente penal y abre un expediente tutelar. En base al artículo 1º de ese decreto, el juez puede disponer de ellos para hacerles estudios y mantenerlos para ello encerrados en institutos. Entre los 16 y los 18 años, el juez ordena un tratamiento tutelar: si da resultado el chico se entrega a los padres o responsables. Puede durar media hora o cuatro meses. Estoy seguro de que entre los más de 6000 adolescentes institucionalizados ninguno es de clase media. Sólo los pibes pobres están recluidos. Si ese tratamiento no da resultado, a los 18 años lo juzgan por los delitos que cometió siendo menor de 18 años y mayor de 16.
–¿Cuáles son los ejes principales de su proyecto?
–Hoy la imputabilidad es a partir de los 16 años. Yo propongo que se suba a los 18 y que entre los 14 y los 18 años haya un régimen de responsabilidad penal juvenil. La privación de libertad está prevista solo para los delitos graves como acceso carnal violento, secuestro extorsivo, robo con violencia u homicidio doloso, por ejemplo. En esos casos, el proyecto establece penas de 3 años para los chicos de 14 a 15 años y de un máximo de 5 años para los que tienen entre 16 y 17 años. Para el 85 por ciento de los delitos que cometen los menores, que son vandalismo, robo, hurto, destrucción de la propiedad pública, propongo que presten servicios a la comunidad. Es decir, ni pasarles la mano por la cabeza ni privarlos de la libertad.
Desde la Fundación Sur y en forma conjunta con una serie de organizaciones, entre ellas el CELS, García Méndez presentó un hábeas corpus colectivo por alrededor de 45 chicos que estaban encerrados en el Instituto San Martín, que depende de la Nación, y que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Casación hizo lugar al pedido. “Pero la muy progresista Corte Suprema suspendió la ejecución del fallo sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Fundación Sur pidió una audiencia pública y fue concedida para el 10 de septiembre pero un día antes fue cancelada sin explicaciones”, señaló García Méndez.
Edades y detenciones
- Del total de 1799 adolescentes varones y mujeres encerrados en distintos establecimientos del país, 1260 tienen 16 años o más; 298, 15 o menos y de 211 no se pudieron obtener datos. De acuerdo con la legislación vigente, los chicos cuya edad al momento de cometer el hecho delictivo es inferior a 16 años no son punibles. Según informó el subsecretario de Derechos para la Niñez, Gabriel Lerner, en los institutos que dependen de la Nación el chico más pequeño tiene 13 años, pero aclaró que hay provincias que tienen presos de menor edad. “Son casos esporádicos”, apuntó.
- De los 119 institutos de privación de libertad que existen, 39 de ellos (33 por ciento) no son especializados para adolescentes: en esos casos los chicos están encerrados en comisarías o en cárceles de adultos, en contradicción con la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Ley Nacional Protección Integral de la Infancia, sancionada en 2005.
- En cuanto al tiempo de permanencia en institutos, se destaca un 15 por ciento menos de un mes; un 29 por ciento entre uno a 4 meses; un 9 por ciento entre 4 y 6 meses; y otro 15 por ciento entre 7 meses y un año; 10 por ciento, entre uno y dos años; y 4 por ciento, más de dos años. Sobre el 18 por ciento de los adolescentes encerrados no se tienen datos.
Causas de las detenciones
Siete de cada diez adolescentes alojados en institutos de menores ingresaron por causas relacionadas con delitos contra la propiedad. Del total de detenidos, 38 por ciento está imputado o sospechado de delitos contra la propiedad sin armas; 32 por ciento, con armas; 15 por ciento, de homicidio; 4 por ciento, delitos contra la integridad sexual; 5 por ciento por causas vinculadas con estupefacientes; 2 por ciento, por atentado y resistencia a la autoridad y uno por ciento por privación ilegal de la libertad, según el relevamiento de Adolescentes en el Sistema Penal, presentado ayer. Vale aclarar que en el 25 por ciento de los casos (447 situaciones) no se pudo colectar el motivo por el cual estaba encerrado. “El encierro no debería aplicarse en delitos leves, como robo sin armas. El informe nos muestra la necesidad de seguir fortaleciendo la idea de que la privación de la libertad debe ser el último recurso”, indicó Gimol Pinto, especialista en Protección de Derechos de Unicef Argentina.
Alternativas a la prisión
“Diversas experiencias de América latina han demostrado que, a la par que se aplican medidas no privativas de la libertad y por ende menos restrictivas de derechos a los adolescentes, el índice de reincidencia de los adolescentes es casi nulo”, indicó a PáginaI12 Ennio Cufino, director adjunto de Unicef en Argentina.
Cufino consideró “necesaria” la transformación del sistema penal juvenil vigente para que se les provea a los adolescentes “de la mejor oportunidad” cuando sean sospechados o hayan infringido la ley penal. Cufino valoró los esfuerzos del Gobierno “por mejorar la prestación de servicios y las condiciones de atención” a los adolescentes en conflicto con la ley “porque creemos que se ha podido avanzar en la aplicación de varios estándares de derechos humanos”. Pero planteó la necesidad de “profundizar los avances logrados”. “Sobre todo, se torna fundamental fortalecer los programas alternativos de atención a adolescentes infractores o presuntos infractores”, opinó.
La escasa oferta educativa
“La oferta educativa es baja”, señaló Gimol Pinto, de Unicef, sobre la posibilidad de continuar los estudios que tienen los adolescentes encerrados en institutos. El relevamiento encontró que la cantidad de horas diarias de clases varía de 2 a 5, según los establecimientos. Seis de cada diez institutos no ofrece actividades vinculadas con la formación laboral y casi la mitad, tampoco talleres relacionados con la educación artística.
Las actividades de recreación como deportes y juegos se ofrecen en un 53 por ciento y un 36 por ciento de los institutos visitados para el relevamiento. En un 20 por ciento de los establecimientos no se ofrece atención básica de salud.
Nota publicada en la edición del Miércoles 8 de Octubre del diario Página 12
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